#ConstituciónEcocéntrica

Equipo de contenido #JuanjoConstituyente

El mundo actualmente se encuentra en plena Crisis Climática y de los Ecosistemas, la cual se evidencia claramente en Chile con la mega sequía que afecta al territorio hace más de una década, grandes incendios forestales, desabastecimiento de las comunidades rurales del país y desaparición de glaciares, lagunas y ríos. Se debe reconocer la urgencia de la emergencia climática y ecosistémica para obligar al Estado a cumplir con las metas de mitigación en un entorno de transición justa y de propiciar la adaptación desde los territorios. 

En este contexto es que reconocemos la necesidad de una constitución ecocéntrica, que tenga en su centro la protección de los ecosistemas y la armonización de la relación entre sociedad y medio ambiente. En una constitución ecocéntrica se reconoce el valor intrínseco de cada ecosistema y al ser humano como parte de estos, reconociendo además la relación de interdependencia existente y considerando a cada uno de sus componentes. Es necesario replantear la relación entre seres humanos y la naturaleza de la cual son parte y armonizar esta, y una forma de hacerlo es a través de otorgarle nuevos y mejores derechos que reconozcan y aseguren el valor que tiene y su derecho a mantenerse sana y ecológicamente equilibrada, resguardando además bienes comunes como agua y costas, acceso a información y participación ciudadana, entre otros. 

Por esto mismo es necesario el reconocimiento del medioambiente como una condición material necesaria para el desarrollo de la vida y los derechos humanos. 

Incorporar transversalmente el concepto de ecosistemas y cómo los seres humanos son parte de estos y dependen de que se encuentren ecológicamente equilibrados y saludables para garantizar su sobrevivencia y derechos. 

Principios 

1. Justicia ambiental e intergeneracionalidad. 

El principio de justicia ambiental se refiere a la repartición equitativa de las cargas y beneficios de la naturaleza entre quienes vivimos y quienes vivirán. La justicia intergeneracional entrega a las personas la posibilidad de satisfacer sus necesidades presentes, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar de un medioambiente sano y en las condiciones adecuadas. 

Para esto es necesario incorporar conceptos a la constitución como el de progresividad y no regresión en políticas y normativas ambientales. Además es necesario el reconocimiento de los bienes comunes como tales y asegurar su acceso (agua, aire, mar, riberas, altas montañas, recursos hidrobiológicos, minerales, ecosistemas, entre otros). 

2. Principio de acción contra la Crisis Climática y de los Ecosistemas. 

Es urgente que esta incorpore una acción climática y ecosistémica ambiciosa y coordinada como un deber del Estado. Es necesario incorporar la obligación de mitigación, de adaptación y de realizar una transición económica justa, además de la necesidad de asegurar un clima y ecosistemas más seguros considerando las implicaciones éticas, políticas, sociales y económicas. 

3. Principio y deber de protección del medioambiente. 

Este es uno de los principios esenciales para el desarrollo sostenible, dado que es la naturaleza la que nos entrega los bienes naturales para subsistir, de manera que es imperativo proteger el medio

ambiente y todos los ecosistemas que lo componen, ya que protegiendo a la Tierra, protegemos nuestro futuro. Es responsabilidad de cada persona, empresa y Estado preservar los procesos ecológicos, para no agotar los bienes naturales y usarlos de manera eficiente y sostenible y distribuida de forma socialmente justa en una economía circular. Esto involucra el uso de los recursos y bienes naturales, la emisión de contaminantes y la contaminación en general, de manera que todo tipo de actividad debería apuntar a minimizar el impacto y resguardar al medio ambiente. 

4. Principio preventivo y precautorio para evitar decisiones que podrían dañar los derechos del medio ambiente y las personas. 

Actualmente estamos viviendo en una sociedad que experimenta un acelerado desarrollo tanto económico como tecnológico, el cual está constantemente apuntando a la innovación. En base a esto, nace el principio precautorio, para asentarse como la base de cualquier tipo de política pública y privada, y desarrollo en general. Este principio hace referencia a resguardar a la población y al medio ambiente ante posibles daños cuando no hay suficiente información científica que respalden su seguridad; es decir, cabe detener y rechazar el desarrollo cuando existe la mínima sospecha de que podría ser perjudicial para la salud de las personas o para la Tierra a pesar de que no haya certeza al respecto, protegiéndonos del desconocimiento. 

Derechos y deberes constitucionales 

1. Derechos de la naturaleza, respetando sus ciclos. 

Reconocer que la naturaleza y sus elementos tienen derecho a que se respeten sus ciclos, procesos, funciones y estructuras, puede ser reconocible como sujeto de derecho, y se debe garantizar su diversidad biológica, reproducción y sobrevivencia. 

2. Protección y respeto de los animales en la constitución como seres sintientes (poseedores de dignidad) y sujetos de derecho de acuerdo a su especie y su individualidad. 

Existe una base legal de protección insuficiente para proteger los intereses de un animal, a la vez que el saber científico ya nos muestra la existencia de la conciencia en animales no humanos, expresado por ejemplo en la Declaración de Cambridge. Los animales no humanos están presentes en el desarrollo humano, ya sea en temas económicos y/o culturales que cuentan con un rango constitucional, si se crea un conflicto entre los derechos o los intereses de un animal contra la actividad humana dotada de rango constitucional, el animal no humano no tendrá ninguna posibilidad de ver defendidos sus derechos actualmente. Es necesario considerar a especies y sus derechos, aunque distintas a la humana en su individualidad, y que dejen de ser valorados como mera parte del entorno. 

3. Derecho a la participación, acceso a la información y acceso a la justicia en materia ambiental. Garantizar los derechos procedimentales de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, para todas las personas y no solo para aquellas que se vean afectadas. 

4. Derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Al hablar de un medioambiente sano y equilibrado se protege con base científica un interés público. Actualmente se reconoce el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sin embargo, esto permite al Estado la definición de “contaminación” y se garantiza solo el derecho individual que debe ser ejercido por quien se vea personalmente afectado. 

Por esto se debe promover en la convención constitucional este derecho fundamental que incluye pero no se limita al aire limpio, amparado por mecanismos efectivos y oportunos de amplio acceso, tales como un recurso constitucional, y medidas de protección que protejan a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El estado a través de todas sus instituciones debe velar por el ejercicio de este derecho fundamental, de manera coordinada.

5. Limitar la propiedad privada y pública en beneficio de la protección ambiental por razones de su función social. 

Es decir, reconocer que la naturaleza y los bienes comunes también benefician a la sociedad y los individuos de esta, por lo que a la hora de tomar decisiones económicas y sobre el derecho de propiedad se debe considerar este factor y sus externalidades generadas como una condición necesaria de evaluación y con directa incidencia sobre la toma de estas decisiones. 

6. Obligación del Estado de velar por la protección de los distintos ecosistemas, de la diversidad biológica y los bienes naturales, y deber de todos los ciudadanos de proteger y cuidar de la naturaleza para vivir en armonía con esta. 

Debe ser una garantía constitucional que el Estado vele por la protección del medio ambiente y los ecosistemas del cual forman parte y procurar su bienestar y prosperidad. 

A su vez, expandir el mandato a toda la ciudadanía, ya que es deber de todos defender, trabajar y aportar al medio ambiente en nuestro diario vivir. 

7. Garantizar derechos colectivos a la autodeterminación y de administración sobre los bienes naturales. 

Derechos de los cuales son titulares ciertos grupos humanos, especialmente comunidades, quienes pueden reclamar de manera colectiva si, por ejemplo, se ven afectados sobre el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

8. Derecho al agua para consumo humano y sustentar ecosistemas 

Derecho humano al acceso y saneamiento considerando al agua como un bien común constitucional. Priorizar constitucionalmente el consumo humano y caudal necesario de los ecosistemas, reconociendo la multiplicidad de formas colectivas de gestión y propiedad. A la vez, protejer los glaciares y su rol en el ciclo hídrico y reconocer la importancia de la gestión por cuencas. 

Institucionalidad 

1. Incluir una Defensoría Pública de la Naturaleza y de agencias independientes para evaluación de proyectos y fiscalización en materia ambiental. 

Esto se debe a la necesidad de organismos autónomos del ciclo político, que velen, con los más altos estándares técnicos, por la protección de la naturaleza, los ecosistemas y sus territorios. 

2. Descentralización política y tributaria. 

Es necesario que los gobiernos locales y futuros gobiernos regionales tengan la autonomía para tomar decisiones en torno al desarrollo económico y la preservación del medio ambiente en el territorio, donde los tributos de las actividades económicas, más aún si causan algún daño en el medioambiente, sean utilizados para la recuperación del mismo territorio.

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