Derecho a la Educación

La educación, es un derecho humano central para cualquier sociedad moderna. Además de tener un valor intrínseco, vinculado al desarrollo personal, tiene también una dimensión instrumental que es clave para aumentar las capacidades de las personas para acceder a los demás derechos. Sumado a lo anterior, la educación no solamente trae valor individual, sino que también crea valor social, al contribuir al bienestar colectivo y a la cohesión social.

El sistema educativo chileno presenta actualmente grandes problemas en todas sus etapas que tienen consecuencias negativas en la calidad de vida y también en la movilidad social de los chilenos y chilenas. Las lógicas de mercado, preponderantes en muchas áreas de la educación, están perpetuando la desigualdad existente en nuestro país, dificultando considerablemente el acceso a mejores oportunidades a personas que no tienen culpa de haber nacido con una situación socioeconómica y/o cultural desfavorable. En muchos de estos casos esto se ha acrecentado debido a que se confunde la libertad a la enseñanza con la libertad de empresa, poniendo el interés privado por sobre el interés general. 

Por esta razón, la nueva constitución debe establecer que el Estado chileno tomará un rol protagónico como garante del derecho a la educación, distinto al rol subsidiario que ha jugado en los últimos años. El Estado deberá poner siempre este derecho como eje prioritario del sistema educativo y como principio superior a todos los demás involucrados en esta área. Esto requiere un compromiso activo con priorizar los recursos estatales en favor de la educación pública, en cuanto esta tiene un valor social superior, y por ello debe ser puesta como garantía de este derecho. Asimismo, el Estado debe promover la provisión de educación bajo principios de calidad, laicidad, equidad y no discriminación. 

Deberes y Derechos Constitucionales

El derecho a la educación:

  1. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo  de la persona en las distintas etapas de la vida. La educación tiene un valor social superior para el desarrollo pleno de las personas en la sociedad y de la sociedad en sí misma. 
  2. El Estado tiene el deber de comprometerse con una provisión de educación de calidad, laica, no discriminatoria y con criterios de justicia. El Estado debe promover una educación integral, donde se incluya la educación sexual, financiera, ambiental, cívica y mental.  
  3. Los padres tienen el deber y derecho preferente de educar a sus hijos, siempre que se respete el derecho de los niños, niñas y adolescentes a acceder a una educación de calidad. 
  4. El Estado debe garantizar el acceso a la educación parvularia. 
  5. La educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado garantizar un sistema gratuito y de calidad, que garantice el acceso a ella a toda la población.
  6. El Estado deberá fomentar el acceso a la educación superior de calidad, en sus distintas opciones, y a la educación a lo largo de todo el ciclo de la vida de la persona. Para esto, el Estado debe fomentar la investigación científica, tecnológica y social, la creación artística, el deporte y el desarrollo de capacidades de las personas.  
  7. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. 

La libertad de enseñanza

  1. La libertad de enseñanza tiene por objeto la pluralidad de proyectos educativos, donde se garantice la libertad de cátedra, cultura y prácticas pedagógicas. 
  2. De acuerdo a la ley, se establecerán requisitos mínimos que deberán exigirse a cada uno de los niveles de educación (parvularia, básica, media, superior y continua) para que sean reconocidos por el Estado.  
  3. La enseñanza reconocida oficialmente por el Estado no podrá orientarse a propagar tendencias político partidista alguna. 
  4. Los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. 

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